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Washington, 27 mar (EFE).- Venezuela protagonizó las audiencias de hoy en el 144 periodo de sesiones de la CIDH, que también analizó los supuestos abusos a inmigrantes en los centros de detención fronterizos de EE.UU. y la presunta criminalización de los defensores de derechos humanos en Guatemala.

El Gobierno de Hugo Chávez, que critica desde hace años al organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), reiteró hoy que la CIDH está "totalmente parcializada en contra de Venezuela" y la acusó de atentar contra su soberanía en sus dictámenes de condena a la situación de derechos humanos en el país.

"Si esta situación no mejora, nos van a poner en la necesidad de tener que denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque nos están poniendo entre la espada y la pared", dijo en una audiencia el representante venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón.

Para abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Venezuela tendría que denunciar antes ese texto, que le concedió en 1969 la autoridad para proteger los derechos humanos en toda América.

Tras una audiencia privada sobre su situación general de derechos humanos, Venezuela enfrentó las denuncias de periodistas que aseguraron que 2011 fue uno de los años "más críticos" para la libertad de expresión en la historia del país, con 213 quejas de violaciones, seguidas de otras 24 en lo que va de 2012.

"La libertad de expresión en Venezuela es la más amplia que hay en país alguno en la tierra", sentenció el abogado y escritor Luis Britto García, que representó al Estado venezolano en la audiencia.

De haber "la más mínima restricción" a ese derecho, "no se registraría "la montaña de críticas que los medios privados opositores vierten contra el Gobierno" de Chávez, añadió.

Los peticionarios denunciaron, además, un aumento de la autocensura en los medios de comunicación del país, el pirateo de cuentas de correo electrónico de periodistas y las restricciones de acceso a las conferencias de prensa oficiales.

"Las sociedades donde hay una sola verdad y una verdad oficial son conocidas como totalitarias", dijo uno de los demandantes, el presidente de la Asociación Internacional de Juristas, Pedro Nikken.

Por otra parte, Estados Unidos enfrentó las denuncias de la ONG "No More Deaths", que pidió a la CIDH que interceda para que Washington le permita acceder a los centros de detención en la frontera con México, donde sospechan que se violan derechos de los inmigrantes.

La organización recopiló en los últimos dos años 75 quejas sobre la conducta supuestamente inapropiada de agentes de la patrulla fronteriza, y las entregó a la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero sólo 15 de ellas han sido aceptadas y ninguna ha sido resuelta, según denunciaron.

En otra audiencia, expertos en derecho denunciaron la falta de debido proceso en la condena a muerte en Texas (EE.UU.) al mexicano Virgilio Maldonado, al argumentar que se manipuló su examen mental para ocultar que padece una discapacidad intelectual y que no fue informado de sus derechos consulares antes del juicio, en 1997.

La peticionaria Sandra Babcock, de la escuela de Derecho de la Universidad Northwestern, dijo a Efe tener "muchas esperanzas" de que la CIDH denuncie las irregularidades en el caso, lo que "dará un incentivo a los tribunales y el Congreso estadounidense para no fijar una fecha para su ejecución hasta que se resuelvan las dudas".

Guatemala confrontó, por su parte, denuncias de que criminaliza la actividad de los defensores de los derechos humanos en el país, con detenciones sin respetar la presunción de inocencia y acusaciones infundadas de robo, lesiones e incluso asesinatos a los defensores.

El país centroamericano fue acusado en otra audiencia de "invisibilizar" y no destinar la pertinente ayuda a las mujeres víctimas del conflicto armado interno que acabó en 1996.

Por último, organizaciones del ámbito jurídico de El Salvador condenaron las supuestas "injerencias políticas" en la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país. EFE

EFE | Fecha: 03/27/2012

Lucía Leal