Logo

El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, señaló tras visitar varias plantas de producción de harina de maíz precocida que "la seguridad alimentaria es frágil, debido a la prohibición de mantener inventarios en los almacenes". 

El vocero de esa asociación explicó que esa fragilidad alimentaria en el país viene dada "porque en las empresas públicas y privadas" productoras de harina de maíz precocida "cuentan sólo con dos días de inventarios". Se observan "amplias instalaciones y grandes espacios vacíos". 

"En el caso de la empresa privada", insistió, "por el temor de ser catalogados de acaparadores y sancionados desde el punto de vista penal y pecuniario, tienen inventarios por dos días. Esto conlleva a que el venezolano esté consumiendo la producción del día, algo que consideramos de suma gravedad". 

Indicó que representantes de Anauco, apelando a las facultades que le confiere la Constitución a los usuarios y consumidores a "intervenir en la inspección de la Administración Pública" y a "participar en la contraloría social", visitaron la Planta Turmero de Alimentos Polar, en Aragua; Proarepa, planta recientemente estatizada en Acarigua y Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa (Asoportuguesa), en Portuguesa; y Planta Chivacoa de Alimentos Polar y la Empresa de Propiedad Social Bravo Cacique Yaracuy Urachiche (Yaracuy). 

León precisó en rueda de prensa que la demanda nacional de ese producto es de aproximadamente 1.150 millones de kilos al año, y la producción nacional está alrededor de 50% en manos de privados y 50% públicos". Además, consideró, "el Gobierno controla las importaciones, lo que lo convierte en un jugador muy importante en el mercado que debe cumplir con lo establecido en el artículo 112 de la Constitución que lo obliga a promover la participación privada y no opacarla". 

Destacó que en las plantas privadas "tuvimos acceso a guías de control y toda aquella información por nosotros solicitada en relación con la producción, mientras que en las industrias estatales no fue posible obtener una información más allá de la que suministraron los empleados". 

El directivo argumentó que "el Estado tiene un conocimiento preciso sobre la ubicación de la mercancía privada, desde la planta hasta el destino final a través de una guía llamada SICA, mientras que en públicas, estos controles no son aplicados con la misma severidad". Y refirió que los productos hechos por el Estado no tienen marcaje de precios, en cambio en los producidos por los privados el marcaje es obligatorio".