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Cada vez falta menos, y ya muchos en Venezuela tenemos ideas de lo que pueden ser dos futuros diferentes, aunque el grado de sus diferencias varía notablemente de autor en autor. Si bien todos los días parece acortarse e incluso invertirse la brecha entre los dos principales candidatos que hoy pelean por ejercer el cargo de la Presidencia de la República, la ventaja del candidato Capriles o el emparejamiento de las intenciones de voto deben ser tomadas con mucha precaución.

Sucede que, la competición política, y el número de intereses creados, sumados a la complejidad de nuestra situación económica como nación van a complicar en un asunto inusitado el avance de un eventual gobierno de la alternativa democrática al chavismo, se trata del empleo público. Con un número que hoy día supera los 3 millones de empleados públicos directos (cifra nunca antes alcanzada en el país). Si bien Capriles ha prometido que el trabajo será garantizado para quienes cumplan sus labores de forma eficiente, puede ser más sensato entender que el eventual gobierno opositor, con poco margen para maniobrar (y la falta de voluntad real de achicar el tamaño del gobierno y entregar funciones a la sociedad) va a tener muy difícil el hecho de despedir empleados públicos.

En este sentido, poco o nada se disminuirá en los 3 millones de empleados actuales. Ahora bien, no bastando con ello, debe resaltarse que hoy día, quienes trabajan en la campaña de la alternativa democrática con vocación profesional sean voluntarios o contratados, simpatizantes o equipos cerrados, en una medida difícil de precisar, aunque lógicamente más absoluta dentro de los grupos cerrados con los políticos van a aspirar a obtener mejoras salariales y de estatus laboral en razón de sus servicios prestados durante la campaña (e incluso antes).

Hoy día es común la existencia, y sobrevivencia, de partidos nómina. Y donde el PSUV lleva la bandera, otros partidos no se quedan atrás. Tanto así que es situación común apreciar oficinas públicas que parecen ser comandos de campaña permanentes de partidos (de cualquier bando), y donde el fundamental profesionalismo del empleado público, se ve reemplazado, o en su defecto acompañado, por el clientelismo partidista. El contrato se firma en forma de pacto servicial, a modo de señor y vasallos, y no en base a las necesidades y el mejoramiento de los servicios públicos que, a fin de cuentas, son financiados directa o indirectamente por los venezolanos (el argumento de la propiedad del petróleo y otros recursos por parte del Estado termina siendo una delegación, al menos en términos formales aunque no fácticos, de la riqueza supuestamente colectiva).

Pero sin pretender alargar este punto, es menester entender que toda esa población que hoy día trabaja sin remuneración, o con una remuneración relativamente baja, no puede permanecer durante mucho tiempo así. Menos aun cuando el plan de gobierno de oposición contempla aumentar más la liquidez en Venezuela vía gasto público, probablemente la inflación no sea contenida y el poder real de compra se siga depreciando.

Lo lógico será que, en vista del alto costo político-electoral que generarían despidos públicos, en especial de aquellos empleados menos productivos y de los que precisamente se hallan ahí obteniendo una remuneración en base a lealtad partidista, el futuro gobierno de Capriles incremente de forma importante el número de trabajadores empleados en el sector gubernamental. Este aumento será producto, como hemos visto previamente, de todos aquellos que por lealtad política, así como sucedió con el oficialismo, pretendan obtener un espacio dentro de la burocracia gubernamental, vía, dicho sea de paso, una serie de beneficios laborales (no así con los salarios que siguen por detrás de los del sector privado) que no guardan relación alguna con la productividad laboral sino que se admiten como derechos irrenunciables.

No hay que dudar de que muchas personas están guiadas por un sentimiento verdadero de ayuda y mejora para el país, pero rara vez la persona es juez adecuado de sus méritos y contribuciones. Para ello existen otros mecanismos, el juego de valoraciones expresado en precios que llamamos mercado es hasta ahora de las más eficientes. En este caso, dado que se trata de labores técnicas, y fruto del racionalismo en la política así como de la visión profundamente discriminatoria del saber técnico frente a la “doxa” (están en competencia insuperable, cuando mucho postergable), sería necesario que la entrada y permanencia dentro de la estructura del Estado respondiera, al menos, a criterios de capacidad técnica y eficiencia lo más cercanos a la imparcialidad posible. Pero esto no es lo que se apreciará en los años venideros, gane quien gane las elecciones, el “óptimo político” no lo permite.

Tendremos, pues, un sector público engordado, que producirá menos y que gastará más. Nada nuevo en el país, pero peligroso para una nación cargada de deudas que aun no se sabe cómo se honrarán las obligaciones.

Sería interesante ver que se planteen iniciativas como la que se ha estado imponiendo en el estado de Georgia, en los Estados Unidos (muy bien reseñada por The Economist), donde para aligerar el costo, hacer más eficiente al gobierno y flagelar menos al contribuyente se ha llevado a cabo un “outsourcing” con otras dependencias y, sorprendentemente, una alcaldía (pequeña, es cierto, pero resaltante) posee un personal fijo de tan solo 7 personas.