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Voluntad Popular está convencido de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos solicitará la habilitación de Leopoldo López, pues aseguran que la Contraloría de la República actuó políticamente

En un año preelectoral, en el cual están saliendo al ruedo político los posibles precandidatos que se medirán en las elecciones primarias de la oposición venezolana, para elegir al candidato que se enfrentará al presidente Chávez en las presidenciales de 2012; la inhabilitación del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, se ha convertido en una de las principales incógnitas de la Mesa de la Unidad, pues inició en el año 2008 y terminará en el 2014, impidiéndole con ello ser candidato.

De hecho el debate sobre si su inhabilitación está ajustada a derecho o si es netamente política, llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde la defensa de Leopoldo López y los representantes del Gobierno, presentaron sus alegatos para explicar por un lado, por qué el dirigente del partido político Voluntad Popular no debe estar inhabilitado; y por el otro presentar las supuestas razones por las cuales fue sancionado administrativamente, tal y como lo asegura el contralor de la República, Clodosbaldo Russian.

El responsable de Organización de Voluntad Popular en el Táchira, Sergio Vergara, viajó junto a Leopoldo López hasta Costa Rica, como parte del grupo de abogados y miembros de este partido político, que representó a López en la Corte Interamericana.

Rememorando los motivos por los cuales Leopoldo López fue inhabilitado por la Contraloría General de la República, Sergio Vergara explicó que existen dos causas de inhabilitación. Una de tres años, que tiene que ver con una donación que hizo Pdvsa a la asociación Primero Justicia, de la cual López formaba parte; pues quien hizo la donación en ese momento fue una dependencia donde trabajaba la mamá del dirigente político. Sin embargo, Vergara explicó, que a pesar de que Leopoldo López pertenecía a Primero Justicia, él no era la persona que estaba interponiendo la solicitud, ni tampoco quien recibió el dinero.

"Ese proceso fue sometido a auditorías por parte de la contraloría interna, y de la Contraloría General de la República, sin que hubiese derivado ningún tipo de sanción, o que se haya expuesto algún tipo de delito, que eso es algo importante que se ve después en el proceso", dijo.

La segunda sanción por la que Leopoldo López está inhabilitado por seis años, se debió a un caso de utilización de fondos para pagos de maestros y bomberos que se hizo en la Alcaldía de Chacao durante su gestión. Vergara explicó que ese proceso fue llevado y aprobado ante la Cámara Municipal, y que el mismo caso no genera ningún tipo de sanción de tipo penal ni administrativa, por parte de la Contraloría Interna, porque es un proceso que está dentro de los parámetros.

Vergara indicó que en caso contrario, sería un proceso de malversación de fondos, que daría cabida a un proceso penal, para que actualmente Leopoldo López estuviese preso, pero no lo está. "Porque el proceso es inventado, porque el proceso ha sido creado ficticiamente para inhabilitarlo políticamente, y restarle posibilidades a la opción que él representaba en el 2008 para la Alcaldía Mayor", agregó.

Visita a la CIDH

El responsable de Organización de Voluntad Popular en el Táchira, Sergio Vergara, indicó que una vez se cumplieron todas las instancias, y fue desestimado un recurso de reconsideración a la sanción que impuso el Contralor General de la República; la defensa de Leopoldo López intenta ante la Sala Constitucional un nuevo recurso en contra de la decisión de inhabilitación, pero éste tampoco es admitido, lo que permitió a la dirigencia de Voluntad Popular ir a la instancia internacional que en este caso es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hace aproximadamente año y medio.

La Corte determinó que si había elementos suficientes para presentar la demanda, por lo cual se abrió el proceso y se presentaron los argumentos y testigos de Leopoldo López y del Gobierno venezolano.

"En ambos casos se estableció la injerencia que tiene esta corte para decidir sobre el caso de la inhabilitación. Porque difícilmente el Estado puede ir a la Corte y presentar sus testigos, y promover alegatos, para después desestimar lo que la Corte decida. Definidamente esta instancia tiene repercusión en lo que es la materia interna, y lo que es el orden interno jurídico", destacó.

Vergara indicó que la última pregunta que hizo uno de los magistrados de la CIDH, era que no entendía que si se hablaba de hechos de corrupción, y si Venezuela es un país que en su legislación sanciona la corrupción y el enriquecimiento ilícito, porque no se ha sancionado a Leopoldo López y porque no se ejerció una acción penal contra él, que era lo que podía inhabilitarlo políticamente.

"Todo eso tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es parte de un proceso de persecución política, y de violación de derechos de Leopoldo López", acotó.

Sanciones

Sergio Vergara explicó que en caso de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, decida que Leopoldo López debe ser inhabilitado, y que el Gobierno nacional no asuma dicha habilitación tal y como lo afirmó la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia; el Gobierno venezolano puede ser objeto de sanciones, las cuales pueden ser de orden económico, o penas de prisión de 1 a 4 años.

Resaltó que esta misma Corte fue la que decidió el caso de El Caracazo y de la masacre de El Amparo, las cuales fueron acatadas por el Estado venezolano; y que las otras ocho sanciones que no se han acatado, han sido por motivos netamente económicos, por lo que Voluntad Popular cree que el caso de Leopoldo López será resuelto fácilmente, pues es sólo permitir que un ciudadano goce de sus derechos políticos.

"Aunque no solamente se está viendo por los derechos políticos de Leopoldo López, sino que el petitorio de la defensa tiene que ver en su segunda parte, con que la decisión alcance a los 575 inhabilitados que hay por las mismas razones, o mediante el mismo mecanismo han sido inhabilitados políticamente", dijo.

Calle

En caso de que el Gobierno nacional sin importarle las sanciones a las que sea objeto, no aprueba que Leopoldo López sea habilitado políticamente -suponiendo que esa sea la decisión de la CIDH-, Voluntad Popular ejercerá presión junto con los ciudadanos venezolanos, que aseguran ven en Leopoldo López un posible presidente de la República, a través de acciones de calle.

Finalmente destacó que en caso de no ser habilitado, la Mesa de la Unidad permitirá que Leopoldo López participe en las elecciones primarias, pues consideran que de lo contrario sería legitimar lo que creen un proceso de persecución política.

Sentencia

Hasta el 2 de abril tienen chance ambas partes involucradas en el juicio de presentar sus alegatos, y posteriormente hay un plazo de 4 o 5 meses para conocer la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo que la defensa de Leopoldo López espera que la decisión en su caso se conozca entre los meses de junio y julio.