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14 de junio 2010 | 07:13 pm - El Nacional.com  

       El Comisionado para los asuntos de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino, enviaron este lunes una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, para manifestar su profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión y solicitar información por los hechos que han ocurrido en dicho país en la última semana.

En particular, la misiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal contra el periodista Francisco "Pancho" Pérez por haber publicado una denuncia de corrupción; por la orden de aprehensión contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, pocos días después de que el propio Presidente de la República criticase al Poder Judicial por el hecho de que Zuloaga continuase libre; y por el atentado con bombas molotov contra la Cadena Capriles.

Los representantes de la CIDH sostienen que el 11 de junio de 2010, el Tribunal 5º de Juicio de la Ciudad de Valencia condenó a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación política y prohibición para ejercer el periodismo, así como a una multa de poco más de 18 mil dólares al periodista de la ciudad de Carabobo, Francisco "Pancho" Pérez, por los supuestos delitos de difamación e injuria a un funcionario público.

En el comunicado, el Comisionado y la Relatora manifestaron su profunda preocupación respecto de esta condena, y recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH "se han pronunciado en numerosas oportunidades en contra de la existencia de las leyes de vilipendio o desacato y de la utilización del derecho penal para sancionar opiniones o informaciones críticas respecto de los funcionarios públicos. La evidente desproporción de la condena impuesta al periodista por la publicación de una denuncia de claro interés público, muestra la grave desprotección en la que se encuentra la libertad de expresión en Venezuela".

También señalan que "los periodistas y propietarios del canal Globovisión han sido sometidos a constantes estigmatizaciones y amenazas por parte de los más altos funcionarios públicos, así como a ataques privados provenientes de grupos afines al gobierno. Guillermo Zuloaga había sido detenido temporalmente el 25 de marzo de 2010 como consecuencia de una investigación criminal en su contra por el delito de irrespeto al Presidente de la República, motivada por declaraciones realizadas en el marco de una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en Aruba".

        La carta enviada al Estado venezolano por el Comisionado y la Relatora, expresó preocupación por la detención y recordó que la persecución penal por delitos no vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión puede configurar una violación de dicho derecho si se demuestra que la investigación está motivada por la posición política del imputado o por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

       Finalmente, el Comisionado y la Relatora manifestaron su preocupación por el ataque con bombas molotov contra la sede de la Cadena Capriles en la noche del lunes 7 de junio de 2010. Este ataque se produjo en el contexto de las continuadas declaraciones públicas de altos funcionarios en contra de diversos medios de comunicación, sus directivos y periodistas, acusándolos de practicar un "terrorismo mediático", ser "desestabilizadores" y "golpistas", y de fomentar un "discurso de odio" que afecta la "salud mental" de la población venezolana. Como ya lo ha indicado la Relatoría Especial, luego de tales declaraciones, se han incrementado los actos de violencia contra varios de estos medios por parte de grupos criminales privados.

         Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ha indicado al Estado de Venezuela que dicha conducta de parte de funcionarios públicos pone a las personas vinculadas a esos medios de comunicación "en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad". Preocupa en este sentido la ausencia de investigaciones y sanciones ejemplares respecto de las graves y constantes agresiones sufridas por medios y periodistas en Venezuela por la simple razón de su línea editorial o cubrimiento noticioso.

        El Comisionado y la Relatora, manifestaron  su preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela e indicaron que "los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez más reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes. En este sentido, resulta de enorme preocupación que se condene a un periodista por el delito de ‘irrespeto a funcionario público' por la publicación de un artículo en el que se denuncia un posible hecho de corrupción; o que se pueda estar utilizando el derecho penal como vía indirecta para censurar a quien es propietario de uno de los únicos medios independientes del gobierno que aún subsisten en Venezuela. Estos hechos son una muestra más del preocupante consenso entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal".

        En su carta, el Comisionado y la Relatora Especial urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten. Asimismo, exhortaron al Estado de Venezuela a adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizarle al periodista Francisco Pérez y a Guillermo Zuloaga, Presidente de Globovisión, así como a la sociedad venezolana el derecho a la libertad expresión, así como el derecho al debido proceso y a ser juzgados por jueces imparciales e independientes que se aseguren de aplicar lo dispuesto por la Constitución venezolana y los tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte.

        Asimismo, instaron a las autoridades de Venezuela a garantizar y proteger la vida y la integridad personal de los periodistas, trabajadores y propietarios de los medios de comunicación.